La Fiscalía del Supremo se rebela contra la amnistía: planteará una cuestión de inconstitucionalidad

La Fiscalía del Tribunal Supremo solicitará al tribunal que condenó por sedición y malversación a los independentistas catalanes y al instructor del 1-O, Pablo Llarena, que eleven una cuestión de inconstitucionalidad ante la Corte de Garantías antes de aplicar la futura Ley de Amnistía en la que ya trabaja el Gobierno. Así, el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, deberá pronunciarse sobre la legalidad de dicha ley antes de que se beneficien de ella el prófugo de la Justicia Carles Puigdemont y los condenados por el procés que aún tienen penas de inhabilitación como Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa.

Pedro Sánchez lleva semanas, a través de los emisarios enviados a Waterloo, negociando con Puigdemont la concesión de la amnistía. Se trata de la exigencia que debe cumplir el presidente en funciones para que Junts dé su apoyo al PSOE en una futura investidura. En este tiempo, Moncloa ha encargado sondear fórmulas para «contemplar, en apariencia, un encaje legal» de la amnistía «de acuerdo con nuestro marco constitucional», según explican a OKDIARIO fuentes conocedoras. Los trabajos jurídicos han dado su fruto y «ya han encontrado el resquicio legal que buscaban».

Sin embargo, fuentes judiciales explican a OKDIARIO que, una vez que esa ley entre en vigor, el Tribunal Supremo que sentenció el 1-O, que tiene una ejecutoria en cumplimiento, deberá dar traslado a las partes personadas en el procedimiento para que se pronuncien sobre la amnistía. Esto es a los condenados cuyas penas no han sido extinguidas tras la reforma del Código Penal por la que el Gobierno eliminó el delito de sedición y reformó la malversación. Es decir, los magistrados deberán dar traslado a los abogados de Junqueras y Bassa, inhabilitados hasta 2031, y de Romeva y Turull –que no pueden aspirar a un cargo público hasta 2030–. También transmitirán la entrada de vigor de dicha Ley a la Abogacía del Estado, a la acusación popular y a la Fiscalía. Por su parte, el juez Pablo Llarena, que tiene procesado a Puigdemont y a los ex consejeros Lluís Puig, Toni Comín y Clara Ponsatí por desobediencia y malversación agravada, también deberá hacer lo mismo.

La Fiscalía del 1-O

Según ha podido saber OKDIARIO, los fiscales Fidel Cadena, Jaime Moreno, Javier Zaragoza y Consuelo Madrigal solicitarán tanto al magistrado Llarena como al tribunal del 1-O que eleven una cuestión de inconstitucionalidad al entender que la citada ley vulnera derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna.

La cuestión de inconstitucionalidad sólo puede ser promovida, de oficio o a instancia de parte, por jueces y tribunales y han de hacerlo cuando consideren que una norma con rango de ley aplicable al proceso del que conocen y de cuya validez dependa la decisión que hayan de adoptar en el mismo pueda ser contraria a la Constitución.

Estas fuentes entienden que la concesión del olvido de los delitos cometidos -que no del perdón contemplado en el indulto- no está regulado en la Carta Magna porque no se prevé en un contexto democrático como tampoco, por ejemplo, la esclavitud.

La Constitución de 1978 tampoco hace referencia expresa a la esclavitud, que fue abolida en España en 1837, porque no es necesario y eso no significa que sea legal, puesto que la práctica de la misma conllevaría la vulneración de otros derechos fundamentales que sí están recogidos como, por ejemplo, «el principio de igualdad entre los españoles» u otros derechos tan básicos como «la vida, la dignidad y la integridad». Pues lo mismo ocurre con la amnistía: su concesión vulnera el derecho de los jueces y magistrados de «juzgar y ejecutar lo juzgado», recogido en la Carta Magna.

Por tanto, la aplicación de una Ley de amnistía además de ser inconstitucional es un «atropello al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo y, en última instancia, a la democracia», explican las mismas fuentes. Además, recuerdan que los delitos por los que está procesado Puigdemont son desobediencia y malversación. Y la amnistía se concede para olvidar delitos por cuestiones políticas, nunca se ha hecho para perdonar a alguien que ha robado de las arcas públicas.

Sin embargo, una vez que esto llegue al Constitucional se topará con el bloque de izquierdas capitaneado por Cándido Conde-Pumpido que conoce los argumentos jurídicos sobre los que está trabajando el Gobierno y los avalará. Otras fuentes temen que los precursores de la Ley de la Amnistía incorporen la imposibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad.